Para la extradición de Goni no se valorará su edad, asegura EEUU

Víctimas. Sacerdotes católicos celebran una misa por los fallecidos en la ‘guerra del gas’, el 15 de octubre de 2003. La Razón-Archivo.

La razón.- A la hora de considerar la extradición del expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada, solicitada por Bolivia, Estados Unidos se comprometió a no tomar en cuenta ni la edad ni la doble nacionalidad del exmandatario, afirmó el abogado de las víctimas de Octubre, Freddy Ávalos. Hoy se cumplen 11 años del fin de la “guerra por el gas”, una revuelta que nació en septiembre de 2003 y concluyó el 17 de octubre, con la renuncia a la presidencia y la huida a Estados Unidos de Sánchez de Lozada.

La pelea para evitar que Bolivia exporte gas natural a territorio estadounidense, a través de puertos chilenos, concluyó con 67 muertos, que con el paso de los años llegó a 81, y 425 heridos en El Alto y La Paz. Sánchez de Lozada reapareció el miércoles, en una fotografía tomada por Blanca Torrico en un aeropuerto estadounidense que no fue identificado. Torrico difundió esa imagen a través de su cuenta de Twitter.

Compromiso. “Los años no pasan en vano, ha huido de Bolivia hace 11 años, se ve más demacrado. Pero no olvidemos de que el hecho de tener más edad, no le exime de la responsabilidad de asumir un juicio de responsabilidades por los delitos de lesa humanidad”, sostuvo Ávalos al referirse a la foto. “Hemos hecho esta consulta en Estados Unidos y allá nos han respondido claramente que el tema de la edad o doble nacionalidad que posiblemente tenga Sánchez de Lozada, no es sujeto a tener una negativa al pedido de extradición”, agregó.

El 10 de julio, el fiscal general, Ramiro Guerrero, la ministra de Justicia, Sandra Gutiérrez, un delegado de las víctimas y Ávalos entregaron en la Oficina de Justicia del Departamento de Estado de Washington el segundo pedido de extradición de Sánchez de Lozada y los exministros Carlos Sánchez Berzaín y Jorge Berindoague, para que sean juzgados en Bolivia por los delitos de genocidio, homicidio, tortura y masacre sangrienta por las jornadas violentas de octubre de 2003. La primera solicitud de repatriar al expresidente fue rechazada en 2012.

En contraposición a la postura de Ávalos, el otro abogado de las víctimas de octubre, Rogelio Mayta, se mostró pesimista a que Estados Unidos acepte la extradición de Sánchez de Lozada y de los dos exministros.

“El segundo pedido de extradición no ha tenido respuesta favorable hasta ahora porque advertimos que existe una voluntad política del Gobierno de Estados Unidos de proteger y resguardar a Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín… ellos están en la impunidad, por las masacres de septiembre y octubre de 2003, por voluntad del Gobierno estadounidense, eso lo tenemos así de claro”, indicó Mayta.

El abogado Ávalos informó que el martes recibieron una comunicación desde Washington en sentido de que no se cumplirá con el compromiso de dar una respuesta al pedido de extradición durante este mes. “Nos hemos enterado de que el Departamento de Estado se compromete a hacer solo una revisión del Tratado de Extradición y no nos darán una respuesta, por lo que seguimos en la misma nebulosa, no hay una respuesta oficial. Espero que el Gobierno de Bolivia, a través de la Cancillería, haga los reclamos correspondientes, señaló el jurista. Mayta recalcó que las exautoridades bolivianas evitan someterse a juicios por octubre de 2003, tanto en Bolivia como en Estados Unidos.

La presidenta de la Asociación de Heridos de Octubre de 2003 (Ashoc), Elena Kullahua, adelantó que su organización tiene el proyecto de elegir a un delegado para enviarlo a Washington, para que se reúna con el presidente Barack Obama, con el fin de que le solicite que dé curso a la extradición de los exgobernantes bolivianos. La representante de los heridos anunció que hoy se llevará a cabo un acto de homenaje en la Campana de la Libertad que está en la Ceja, en la entrada a la autopista El Alto-La Paz.

Posiciones divididas por la agenda

Dirigentes

Los exdirigentes Roberto de la Cruz y Jaime Solares recordaron ayer al presidente Evo Morales que su gobierno incumplió la Agenda de Octubre 2003, olvidó a los luchadores y víctimas, según la ANF. Entre los principales puntos de esa agenda estaban la Asamblea Constituyente y la nacionalización de los hidro-carburos.

COB

El secretario de Educación de la Central Obrera Boliviana (COB), Jorge Baldivieso, aseguró que la Agenda de Octubre de 2003 se cumplió casi en su totalidad y, además, demandó al Gobierno avanzar en la nacionalización de las minas.

Juan Véliz reitera su pedido de indulto

Yuvert Donoso

Al cumplirse 11 años de la masacre de octubre, el general Juan Véliz Herrera reiteró su pedido, desde la cárcel San Roque de Sucre, al presidente y capitán general de las Fuerzas Armadas, Evo Morales, para que les otorgue el indulto porque considera que los cinco exjefes militares fueron sentenciados de manera injusta por ese hecho.

Véliz, excomandante del Ejército, junto al general Roberto Claros Flores, excomandante en jefe de las Fuerzas Armadas, fueron sentenciados a 15 años y seis meses de prisión por un fallo de la desaparecida Corte Suprema el 30 de agosto de 2011.

También fueron sentenciados a 11 años de prisión el almirante (r) Luis Aranda Granados y el general (r) José Oswaldo Quiroga, mientras que a diez años, el general Gonzalo Alberto Rocabado Mercado. Los exministros de Desarrollo Sostenible Erick Reyes Villa y de Trabajo Adalberto Kuajara fueron condenados a tres años de prisión, por complicidad.

Véliz indicó que el presidente Morales, una vez que fue reelecto y determinó ampliar el indulto en Bolivia, es el único que puede solucionar esta injusticia y dar libertad a gente inocente que solo cumplió órdenes del poder político de 2003, cuando era presidente Gonzalo Sánchez de Lozada.

Por otra parte, Véliz dijo a este diario que desde hace dos años está a la espera de un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el proceso injusto al que fue sometido. Manifestó que en Bolivia se agotaron todos los trámites legales para recuperar su libertad y solo quedaría la determinación del Mandatario de declarar un indulto a favor de los cinco exjefes militares.