Racismo. Colocan monumento en medio de observaciones

HOY SE CUMPLEN TRES AÑOS DE LA VEJACIÓN A LOS CAMPESINOS EN PLAZA 25 DE MAYO

Berríos instruye colocar el símbolo sin autorización previa del Concejo

Espacio para el monumento contra el racismo en Av. Jaime Mendoza, Sucre. Crédito: Correo del Sur

En medio de observaciones se instaló el monumento de desagravio al 24 de mayo. Una mayoría de concejales cuestionaron al Ejecutivo municipal por no esperar la aprobación del Concejo Municipal para autorizar el colocado del símbolo.
La Alcaldesa interina de Sucre Verónica Berríos, aparentemente vulnerando la Ley de Municipalidades 2028 y el Decreto Supremo 181, que dispone que el Concejo Municipal sea el encargado de aprobar o rechazar convenios, autorizó al Ministerio de Cultura el emplazamiento del monumento de desagravio al 24 de mayo, en la puerta del Estadio Patria.

La solicitud de emplazamiento del monumento, pese a que ya se iniciaron las obras en pasados días, llegó recién ayer al Concejo Municipal para su aprobación con “dispensación de trámite y voto de urgencia”; sin embargo, la mayoría del pleno decidió suspender el tratamiento del tema para otra sesión, porque fue enviado a destiempo.

“Consideramos que el tratamiento del tema el día de mañana, la próxima semana, ya resulta extemporáneo porque está dentro del programa del festejos del municipio”, dijo el secretario General de la Alcaldía de Sucre, Rolando Cruz, al momento de retirar el trámite del Concejo Municipal.

Consultado si de todas maneras se va a colocar el monumento, el Secretario General señaló: “Pero por supuesto, está en el marco de sus atribuciones de la primera autoridad del municipio y de acuerdo a la ley que establece”.

“El Gobierno Municipal no está construyendo el monumento, sino ha brindado el espacio para que el Gobierno central mediante el Ministerio de Culturas coloque el monumento”, dijo el asesor de la Alcaldía, Ramiro Taboada.

La tarde de ayer, los trabajadores municipales, en un trabajo a contra reloj colocaban el monumento en la jardinera de la avenida Jaime Mendoza, frente al Estadio Patria.

Berríos anunció que participará de la marcha de desagravio departamental recordando el 24 de mayo y posterior descubrimiento del monumento que, según programa, está previsto para las 15:45.

NO ESTÁN DE ACUERDO
Varios concejales de la oposición mostraron su indignación y desacuerdo por la colocación de un monumento al desagravio.

“¿Qué quieren que cada que la gente lo vea digan que somos racistas?”, dijo la concejal Susy Barrios.

Por su parte, el concejal Germán Gutiérrez manifestó su desacuerdo señalando que “es una acción distraccionista e injusta”.

Ayer, en los medios de comunicación radiales se escuchó varias voces cuestionando los actos organizados por las autoridades departamentales y nacionales sobre su rechazo al racismo.

EL JUICIO, A TRES AÑOS DEL 24 DE MAYO ES CUESTIONADO POR LAS PARTES ANTE LA DEMORA DEL PROCESO
Pasaron tres años de los hechos registrados el 24 de mayo de 2008 en Sucre, y actualmente se sigue un juicio penal contra 18 ciudadanos a quienes el Ministerio Público acusa de ser los autores intelectuales de los vejámenes a campesinos que fueron obligados a caminar semidesnudos desde la zona de El Abra hasta Plaza 25 de Mayo. La Fiscalía y las víctimas exigen celeridad en el juicio y la defensa desconfía de que se conozca la verdad y a los responsables de los hechos porque la investigación ha sido politizada, criterio que también es compartido por el Ministerio Público, aunque con ciertas variantes.

La Fiscalía reconoce que hubo dificultades en el proceso de investigación por la coyuntura política en el país. Asegura que muchas personas convocadas como testigos prefirieron no asistir ante lo que identificaban como una falta de garantías: temor a ser agredidas, presionadas y amenazadas.

En cambio, los acusados consideran que el Gobierno utilizó a la Fiscalía y los acontecimientos del 24 de mayo de 2008 en su afán de concentrar el poder político y, precisamente, las acciones judiciales fueron activadas en momentos electorales y post electorales para hacer suspender a algunas autoridades.

Prueba clara de esta supuesta injerencia política en el caso, en opinión del acusado Jhon Cava, ex dirigente cívico, fue la intervención de la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa que intentó llevarse a La Paz la investigación e, incluso, dispuso su aprehensión que fue anulada por un Tribunal de Acción de Amparo Constitucional.

El Ministerio Público defiende su trabajo, que tuvo algunos ajustes durante la fase investigativa. El fiscal Dante Romay admite que la primera comisión de fiscales que conoció las denuncias de este caso, presentó imputación contra unas cinco personas involucradas que, en su criterio, no tenían ninguna responsabilidad.

La comisión fue reconformada con tres fiscales a dedicación exclusiva, Dante Romay, Gustavo Carrión y Jhonny Escobar, que reencauzaron el proceso ampliando la imputación contra otras personas y, sobre esa base, presentaron la acusación formal que terminó con 18 acusados.

Entre el acusador Ministerio Público y los acusados, están las víctimas que han estado presentes durante las últimas audiencias, aunque muchas de ellas fueron impedidas de entrar al salón de audiencias por la Policía, sin saber por qué, y se limitaron a mirar y escuchar desde la puerta los debates del presidente del Tribunal con los abogados de los acusados. Empero, después, lograron entrar cuando el Tribunal habilitó otra sala más grande para las audiencias.

Para cada audiencia han llegado a pie o en vehículos a la Corte Superior, casi nadie quiere hablar con los medios de comunicación y en algunos casos, con temor, responden “queremos justicia”. Quien sí habla a nombre de ellos es el ex alcalde de Mojocoya Ángel Vallejos, uno de los vejados aquel 24 de mayo y principal denunciante de este caso. “Somos personas que pedimos justicia de lo que nos han quitado, nuestra dignidad”, afirmaba.

CUESTIONAMIENTOS
Los acusados califican de “sesgada” la investigación del Ministerio Público porque, dicen, no involucra a todos los protagonistas de los hechos y ha imputado sólo a dirigentes y líderes de Sucre y dejado fuera a funcionarios del Gobierno y personas afines al MAS que estaban presentes en los acontecimientos del 24 de mayo; esto no conduce a la averiguación de la verdad histórica para dar con los responsables.

El ex dirigente cívico Jhon Cava asegura que hay imágenes de video de gente vinculada al Gobierno y al Movimiento Al Socialismo (MAS) en los diferentes lugares de conflicto ese 24 de mayo. “Mínimamente, debían ser investigados, pero no fue así. Ojalá que más temprano que tarde podamos llegar a saber quiénes planificaron los hechos del 24 de mayo”, afirma.

En su criterio, los delitos acusados por el Ministerio Público no tienen sustento probatorio, sino sólo los testimonios “dirigidos” de las víctimas, y con esta base, recuerda, se ha tildado de racistas no sólo a los acusados, sino a la ciudad de Sucre, y se ha promovido el 24 de mayo como Día contra el Racismo.

Jaime Barrón, ex alcalde y ex rector de la Universidad en Sucre, cuestiona que el Ministerio Público haya acumulado todas las denuncias del 24 de mayo sólo a la vejación ocurrido en la tarde, donde él no participó, pero dejó de lado, recuerda, su denuncia contra el ministro de Gobierno, Sacha Llorenti, el ex delegado presidencial José Lambertín y otros.

“Este hecho incluso puede haber sido preparado por el otro lado, tenemos videos que muestran a gente del MAS en El Abra”, asegura. “Me acusan de vejámenes a campesinos pero yo no estuve ahí”, insiste.

La ex prefecta de Chuquisaca Savina Cuéllar señala que la Fiscalía utiliza a los campesinos para una persecución política a los opositores a este gobierno y califica de falsas las acusaciones de los fiscales, negando su participación en los hechos ocurridos ese día.

Sin embargo, en opinión del ejecutivo de la Federación de Campesinos de Chuquisaca, Gregorio Vela, todo el mundo sabe lo que pasó el 24 de mayo de 2008 y, por eso, exigirán a la justicia una sanción contra quienes fueron identificados como autores de la vejación.

El Ministerio Público responde que, evidentemente, había varias denuncias abiertas tras los conflictos del 24 de mayo, entre las que estaban la denuncia del ex alcalde de Mojocoya Ángel Vallejos, por la vejación a campesinos; la denuncia de Jaime Barrón contra el ministro de Gobierno, Sacha Llorenti, acusándolo de promover estos hechos; la denuncia del general Luis Trigo contra Lourdes Millares y otros parlamentarios por los enfrentamientos con militares del Estadio Patria y otros.

Dante Romay manifiesta que algunas denuncias fueron rechazadas porque no se encontraron elementos de convicción para sostener el juicio y otras fueron acumuladas a una sola, a la denuncia de Ángel Vallejos. Aclara que el grado de participación de los acusados en el hecho es por omisión.

OTRO JUICIO
Por los hechos ocurridos ese mismo día del 24 de mayo, el Ministerio Público, a denuncia de Víctor Cutipa, activó otro proceso contra Jamil Pillco y Cristián Flores, por el delito de allanamiento de domicilio en grado de instigación. El primero fue condenado a dos años y ocho meses de privación de libertad, en cambio Flores fue absuelto.

Esta sentencia no logró ejecutarse porque en apelación, los vocales de la Corte Superior de Chuquisaca anularon la sentencia en contra de Pillco para que el juez volviera a emitir nueva sentencia argumentando su decisión.

FISCALÍA Y ACUSACIÓN
En abril del año pasado, el Ministerio Público acusó a 18 personas de los delitos de asociación delictuosa, sedición, vejaciones, torturas, instigación a delinquir y otros, como presuntos autores intelectuales de la vejación que, supuestamente, fue planificada; en cambio, la defensa de los acusados sospecha que el plan vino de funcionarios afines al gobierno del MAS, que no están involucrados en el proceso, pero que sí estaban presentes en los puntos de conflicto aquella jornada.

El juicio oral debía comenzar el 18 de marzo, pero recién arrancó el 7 de mayo con la lectura de la acusación fiscal, tras superar una serie de incidentes que motivaron suspensiones continuas de las audiencias de juicio por la ausencia de alguno de los acusados, de algún juez ciudadano, denuncias contra los fiscales y recusaciones contra los miembros del Tribunal de Sentencia.

El Ministerio Público trasladó a una veintena de personas del área rural, consideradas víctimas de los hechos de vejación que serán ofrecidas como testigos de prueba en el transcurso del juicio. Como protesta, algunas de estas personas repitieron la escena del 24 de mayo de 2008 al marchar semidesnudas por las calles de Sucre como protesta por las suspensiones de la audiencia de juicio.

La existencia de varios acusados en este proceso genera motivos legales para la suspensión de una audiencia; por ejemplo, la ausencia de alguno o de un juez que, después presentan justificaciones. En algunos casos, se dictó la rebeldía pero ante la presentación de un justificativo, en la siguiente audiencia se revoca la misma.

Empero, en las últimas audiencias, el Tribunal demostró mayor rigidez con los acusados ausentes o impuntuales, aplicándoles la rebeldía o sanciones económicas.

RECLAMO POR DEMORAS
La demora en la instalación de la audiencia de juicio ha motivado el reclamo del Defensor del Pueblo, Rolando Villena, quien hace poco llegó a Sucre y sostuvo reuniones con fiscales y jueces que le brindaron su informe, aunque también le pidieron remitirse al cuaderno de investigaciones donde se registran las causas de las suspensiones.

Lo propio ocurre con la comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, cuyo presidente, Héctor Arce, también pidió un informe al respecto.

El presidente del Tribunal de Sentencia, Adalberto Gutiérrez, fue enfático al señalar que él sólo responde a la Constitución y a las leyes y que no permitirá presiones de ninguna índole, sin embargo, la defensa de los acusados cuestiona la imparcialidad del Tribunal y, por ello, activó una recusación contra Gutiérrez que fue rechazada por el resto de los miembros.

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